Un juez de Andorra acusó a 29 venezolanos de corrupción, entre ellos dos ex viceministros. Los fiscales alegan que formaban parte de una red de funcionarios corruptos que recibieron US $ 2.300mn en sobornos de empresas a cambio de lucrativos contratos con la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Supuestamente escondieron el dinero en el banco Banca Privada d’Andorra (BPA).

El juez Canòlic Mingorance en Andorra, un pequeño paraíso financiero ubicado entre Francia y España, acusó a los venezolanos de aceptar sobornos de hasta 15% para facilitar los contratos con PDVSA, informó el periódico español El País en español.

La lista de los acusados ​​incluye a Diego Salazar, primo del ex ministro de Petróleo Rafael Ramírez, así como a dos hombres que se desempeñaron como viceministros de energía en el gobierno de Hugo Chávez. Ellos son Nervis Villalobos y Javier Alvarado.

Se cree que la red de la que supuestamente formaron parte cobró US $ 2.300mn en sobornos entre 2007 y 2012. Luego, el dinero fue blanqueado y oculto en el banco BPA de Andorra antes de que parte de él se transfiriera a paraísos fiscales, según los fiscales.

BPA fue acusado en 2015 por el tesoro de los Estados Unidos de ayudar a los grupos del crimen organizado a lavar dinero. Las autoridades andorranas terminaron apoderándose de sus activos.

El juez Mingorance ha estado investigando el caso desde 2012. Alega que los acusados ​​se unieron para tomar el control de la licitación pública de PDVSA, así como de los proyectos de infraestructura energética de las filiales de PDVSA, Corpoelec y Electricidad de Caracas.

Los ex funcionarios del banco BPA también han sido acusados.

Los críticos del actual gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro y de su predecesor, el presidente Chávez, han sospechado durante mucho tiempo que los funcionarios malversaron los fondos del gobierno.

El lunes, el funcionario del Tesoro de Estados Unidos Marshall Billingslea acusó al presidente Maduro de “corrupción rapaz”. y operando una “cleptocracia”, a varios otros funcionarios gubernamentales de alto rango se les impusieron sanciones y se congelaron sus activos. Entre ellos se encuentra el ministro de Industria, Tarek El Aissaimi, que ha sido incluido en la lista negra por presuntos narcotraficantes.