Dos transferencias de dinero de la ONG británica “Global Justice Now” a la sucursal de la Asociación de Buenos Aires por una tarifa por transacciones financieras internacionales especulativas para ayudar a los ciudadanos (ATTAC) por un valor de 32,000 libras esterlinas combinadas, han llamado la atención de las autoridades argentinas contra el lavado de dinero que iniciaron una investigación de oficio.
ATTAC Argentina no ha registrado ninguna actividad pública desde 2006 cuando canceló su registro de impuestos. Pero la entrada de fondos a sus cuentas se reactivó en los últimos meses, y dos de esos depósitos son particularmente curiosos. Uno al final de 2017 con un valor de £ 12,000 y el otro con un valor de £ 20,000 en mayo de este año. Lo primero fue que el banco no informó ninguna transferencia, lo cual es obligatorio después de largos períodos de inactividad.
Los investigadores se enfocan en la Presidenta de ATTAC, Beatriz Rajland, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de 82 años y miembro de la Fundación para la Investigación Social y Política (FISYP).
Los miembros de ATTAC Argentina afirman que pertenecen a un movimiento internacional muy heterogéneo, contrario al liberalismo económico, que promueve el control democrático de los mercados financieros, apelando a la reflexión política y la movilización social a través de la recaudación de un impuesto a las transacciones del mercado.
A los investigadores no solo les preocupa la posibilidad de que organizaciones extranjeras financien protestas violentas contra la cumbre del G20 que se realizará en Buenos Aires, sino que la ONG se esté utilizando como una pantalla para el lavado de dinero, una metodología común que se utiliza en el mundo para introducir fondos. En el mercado formal.
Según se informa, ATTAC apoya la “cumbre contraria” Contra la globalización, que consistirá en varias manifestaciones callejeras y contará con la presencia de políticos prominentes, como la ex presidencia Cristina Fernández Kirchner y Dilma Rousseff, entre otros, con una cumbre popular del 28 de noviembre. A las puertas del Congreso, dos días antes de la reunión de los líderes mundiales.
Claramente, la acusación es un disparate. Pero instalar la idea de que existen “grupos criminales” entre los que cuestionan el G20 es útil para reprimir o censurar las actividades de esas organizaciones y ocultar críticas válidas. publicó en twitter el economista Martín Kalos.
