Un juez federal ordenó que la Fiscalía General (PGR) reabra el caso de la masacre de Tlatlaya en 2014, al dictaminar que la investigación original carecía de la debida diligencia.

Según una declaración emitida por el grupo de defensa de derechos humanos Centro Prodh, el juez Erik Zabalgoitia Novales dictaminó el 25 de mayo que la investigación llevada a cabo por la PGR no era exhaustiva, adecuada o efectiva y ordenó una serie de acciones para aclarar el caso y establecer responsabilidades .

Todavía no está claro por qué tomó casi tres meses para que la orden se hiciera pública.

Hubo evidencia desde el comienzo de un encubrimiento en el tiroteo de junio de 2014 en el que los soldados mataron a tiros a 22 civiles en un depósito en el municipio de Tlatlaya, estado de México.

Inicialmente se describió como un enfrentamiento con un grupo de delincuentes armados que supuestamente abrieron fuego contra una patrulla del ejército.
Los detalles de lo que realmente sucedió comenzaron a aflorar después de que Associated Press descubrió discrepancias en la escena del crimen.

Un testigo más tarde confirmó la sospecha de un reportero de que la escena había sido alterada por el personal del ejército.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que entre 12 y 15 de las víctimas no murieron en un tiroteo, como lo habían declarado los funcionarios, sino que fueron ejecutadas arbitrariamente.

“Debido a esta investigación defectuosa, hasta la fecha no hay una sola persona que haya sido responsabilizada, ya que [la PGR] no presentó suficiente evidencia para individualizar individualmente a los responsables”, dijo el documento emitido por el Centro Prodh.

“Esta falta de debida diligencia es una de las muchas formas adoptadas por el encubrimiento inaceptable de graves violaciones de derechos humanos en México”, concluyó la declaración.