El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, emitió un decreto el sábado para formar un comité encabezado por el ministro de solidaridad social que preparará una visión integral para enmendar la ley que regula el trabajo de las ONG.
El decreto incluye que el comité tenga representantes de los ministerios y organismos interesados en las ONG, siempre que el comité tenga la autoridad de buscar la ayuda de los ministerios y agencias estatales para llevar a cabo la tarea que se le ha encomendado.
La resolución estipulaba aprovechar experiencias internacionales similares en este sentido y presentar las enmiendas que el comité concluye en un diálogo social, con la participación de varios grupos de jóvenes.
Según el decreto, el comité debe preparar un informe sobre los resultados de su trabajo y el proyecto de ley dentro del mes siguiente a la resolución que lo formó. El Ministro de Solidaridad Social debe presentar el informe y el proyecto de ley al gabinete para completar los procedimientos para su emisión.
El ministro de Solidaridad Social, Ghada Wali, dijo que el trabajo se dividirá entre el comité para hacer las enmiendas apropiadas, después de revisar las mejores experiencias a nivel mundial con respecto a la legislación que rige el trabajo de las ONG.
Señaló que el comité llevaría a cabo un diálogo comunitario con las partes interesadas y los grupos de jóvenes en el trabajo civil para garantizar que la nueva ley saldrá de manera que satisfaga a todas las partes interesadas.
El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, ordenó a principios de este mes formar un comité para enmendar la Ley No. 70 de 2017 sobre la organización del trabajo de las ONG.
Sisi ratificó en mayo de 2017 una nueva ley para regular el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Egipto. La ley había sido aprobada en enero de 2017 por el Parlamento.
La ley ha sido criticada por imponer restricciones al trabajo de las ONG, ya sean organizaciones de derechos humanos o entidades que trabajan en el campo del desarrollo. Los activistas dijeron que la ley impone duros castigos a los infractores, que alcanzan hasta cinco años de cárcel y fuertes multas económicas.
