La Oficina Anticorrupción (OA) liderada por la ex diputada PRO Laura Alonso emitió el 25 de abril un fallo que libera al Ministro de Trabajo Jorge Triaca de toda responsabilidad legal,  luego de analizar el escándalo por la contratación de su ex empleada Sandra Heredia en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Sindicato de Trabajadores Marítimos, o SOMU, por sus siglas en inglés), donde fue nombrada a fines de 2016.

Antes de ver lo que dijo el organismo de vigilancia estatal, recordemos brevemente de qué se trataba el problema. En enero, el ministro se vio envuelto en una controversia luego de la aparición de un mensaje de audio de WhatsApp en el que se podía escuchar a Triaca insultando a Heredia.

Sin embargo, lo que parecía ser un título fugaz se convirtió en un escándalo completo cuando Heredia aseguró que Triaca le pagó en negro, lo que significa que el Ministro de Trabajo tenía un empleado en el lado informal de la economía, y que cuando ella solicitó un plantear, en su lugar, había utilizado su influencia para obtener su nombramiento en el SOMU.

Esto causó una avalancha de críticas y acusaciones de nepotismo, que de hecho se acumularon en otros, ya que tres miembros de la familia de Triaca también estaban trabajando para el estado en ese momento. Tal vez para sofocar el escándalo, el presidente Mauricio Macri aprobó un decreto que prohíbe a los familiares inmediatos de los miembros del gabinete que sean nombrados para cargos oficiales en el poder ejecutivo. Los familiares de Triaca renunciaron a sus cargos antes de que el decreto entrara en vigencia.

Después de eso, el escándalo se desvaneció con el tiempo. Y ahora, la OA publicó una resolución que decía que Triaca “debería haber actuado de manera prudente y no haber consentido la contratación de Sandra Heredia”.

“El funcionario podría no haber sido consciente de que a Heredia, el empleado de su hermano, le habían ofrecido un trabajo en un área que, aunque no estaba fuertemente vinculada con su jurisdicción, podría haber creado dudas legítimas sobre los motivos que financiaron la contratación, así como la influencia del funcionario sobre la decisión “, dice un pasaje de la resolución.

“Todos los funcionarios, especialmente los de alto rango, deben organizar sus intereses privados de manera que se preserve la confianza de la ciudadanía en su propia integridad y la integridad de su organización, siendo un ejemplo para el resto”, finaliza el documento. lo que termina por determinar que Triaca “debe evitar tomar decisiones que puedan poner en peligro la imagen que la sociedad debe tener del Estado, generando dudas sobre su integridad”.